El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó a la población a preservar la independencia e institucionalidad de la Defensoría del Pueblo frente a acciones y declaraciones que buscan deslegitimar su labor constitucional como Institución Nacional de Derechos Humanos.
«Convocamos a la ciudadanía a preservar la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo por encima de cualquier interés coyuntural o político. La fortaleza de una Institución Nacional de Derechos Humanos constituye una garantía para la protección de los derechos de todas las bolivianas y todos los bolivianos», afirmó.
Callisaya recordó que, por mandato de la Constitución Política del Estado, la Defensoría del Pueblo tiene la misión de promover, proteger y defender los derechos humanos, además de supervisar el cumplimiento de las obligaciones estatales en esta materia.
Precisó que la ejecución de políticas públicas y la prestación de servicios corresponden a las instancias competentes de los niveles central, departamental y municipal del Estado.
«No se le puede exigir a la Defensoría del Pueblo la provisión de alimentos, porque esa es una competencia de otras instituciones del Estado. Tampoco se le puede exigir el desbloqueo de vías, porque esa responsabilidad corresponde a las autoridades competentes. Lo que sí corresponde a la Defensoría del Pueblo, y es lo que hemos hecho durante el reciente periodo de conflictividad, es exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos de la población», puntualizó.
La autoridad realizó ese pedido a la población tras las denuncias anunciadas por legisladores por una supuesta inacción u omisión a su correspondiente labor durante el bloqueo de 53 días que afectó a la población de La Paz entre mayo y junio.
De acuerdo a las denuncias, el Defensor del Pueblo no habría cumplido su rol en esta situación, donde se vulneraron los derechos de los habitantes de la ciudad de La Paz principalmente.
