Productores, autoridades municipales, interculturales, transportistas y vecinos del norte integrado de Santa Cruz y del Trópico de Cochabamba comenzaron a romper el estado de excepción en Bolivia, para manifestar su rechazo al Decreto Supremo 5676, que incrementó el precio del diésel de 9 a 18 bolivianos por litro par grandes consumidores, medida que a juicio de los movilizados afecta al bolsillo de todos los bolivianos y profundiza aún más la crisis económica que vive el país.
El estado de excepción en Bolivia rige desde el pasado 20 de junio, tras 54 días de bloqueo de caminos realizado por campesinos y mineros asalariados que demandaban una solución a la crisis, caso contrario, la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.
Esta medida, que tiene el objetivo de apaciguar el país y la misma puede ser ampliada por el Ejecutivo, previa aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). En uno de sus objetivos prohíbe bloquear o interferir calles, avenidas, caminos y carreteras del país.
Sin embargo, desde el miércoles, productores, vecinos e incluso alcaldes del norte integrado del país se movilizaron en el municipio de Montero del departamento de Santa Cruz marcharon este jueves en protesta por la falta de combustible y por la subida del precio del diésel para los grandes consumidores. Sin embargo, no han sido las únicas manifestaciones puesto que, en San Julián, se registraron más marchas, según medios locales.
Por su parte, transportistas e interculturales del trópico de Cochabamba realizaron otra masiva marcha en el municipio de Chimoré en contra del DS 5676, porque afecta de forma directa a su economía. Asimismo, otros sectores sociales como jubilados, constructores, cisterneros y mineros cooperativistas también sostienen reuniones para expresar su rechazo a las políticas del actual Gobierno.
Estas expresiones se registran en un contexto político critico por el caso del asesor personal del presidente Rodrigo Paz, el argentino Fernando Cerimedo y su novia boliviana, la jurista Nadia Beller, que involucran al primer mandatario y a su familia en hechos de corrupción, tráfico de oro y narcotráfico.
