“No pueden argumentar desconocimiento de la Ley”, afirmó el activista de Derechos Humanos David Inca, al responsabilizar a autoridades militares del Regimiento “Bolívar” por el incumplimiento —según su denuncia— de la Ley 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados.
Inca señaló directamente al comandante y subcomandantes de la unidad militar y sostuvo que, de acuerdo con su interpretación de la normativa, existirían responsabilidades por las muertes, personas heridas y daños materiales provocados por la explosión registrada en Viacha.
“Ellos no han cumplido la Ley 400 y el que no cumple la Ley es responsable”, dijo.
El activista afirmó además que la investigación debe estar en manos de la justicia ordinaria y pidió a la Fiscalía investigar el caso bajo las figuras penales que correspondan, incluyendo —según su planteamiento— posibles agravantes vinculados al manejo o almacenamiento de explosivos.
Inca también cuestionó que los conscriptos hayan podido estar expuestos a la manipulación de material explosivo y sostuvo que estas tareas deberían estar exclusivamente a cargo de personal especializado.
“El comandante del Regimiento se tiene que ir con 15 años de cárcel”, afirmó, extendiendo su cuestionamiento al Ministro de Defensa y señalando que también deberían establecerse las responsabilidades que correspondan a otras autoridades.
Más allá de las acusaciones, Inca demandó que el Gobierno adopte medidas inmediatas de asistencia para las víctimas: atención médica, medicamentos, insumos, apoyo psicosocial, alimentación para los heridos y asistencia a las familias de los fallecidos.
Finalmente, planteó que el Ejecutivo pueda disponer una ayuda humanitaria mediante Decreto Supremo para atender a las personas afectadas por la explosión.
La investigación fiscal deberá determinar las causas del hecho y establecer, con base en evidencia, si existieron responsabilidades penales o administrativas.
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