Concejales de la ciudad de La Paz afirmaron este martes desconocer el proceso judicial que le fue iniciado a la vicepresidenta del Concejo Municipal de esta urbe, Adriana Murillo, acusada por homicidio en 2022 y no descartaron en analizar esa situación previa valoración e investigación correspondiente, una vez llegue la documentación pertinente.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por la policía y el proceso de oficio iniciado por el Ministerio Público, Murillo habría atropellado a una persona en la zona sur en 2022, la cual falleció al ser trasladado a un hospital de emergencia por la gravedad del hecho.
La concejal Angela Calavi (IH), al ser consultada por la agencia Nova Press Bolivia sobre ese tema, dijo desconocer el mismo; sin embargo, pero consideró que desde el Concejo Municipal esta situación y se acataría cualquier decisión que tome la justicia, entre ellos, la paralización de funciones de Murillo.
“Es una acusación que nosotros no tenemos conocimiento al respecto, pero en todo caso la vía judicial tendrá que definir si corresponde o no que siga en funciones de concejal”, indicó.
Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal, Waldy Caballero (Jallalla), afirmó que no tiene conocimiento sobre ese tema y consideró que es personal y no le corresponde abordar, pero -indicó- que de ser cierto se tratara el tema en una sesión.
“No tengo conocimiento para nada, es más, esto es un tema seguramente personal y no lo voy a tocar porque no me corresponde, no tengo conocimiento en absoluto”, manifestó.
En esa misma linea, la concejal Casimira Lema (Venceremos), consideró que se debe investigar esa situación y el proceso en curso en la justicia antes de tomar posiciones y determinaciones contra Murillo.
“No lo conozco y seguramente en algún momento nos darán a conocer. Me imagino que deberemos conocer y hay que investigar y no es cuestión de decir que la van a apartar”, refrendó.
Murillo, quien funge como Vicepresidenta del Concejo Municipal desde julio pasado, fue notificada recientemente para acudir a su juicio oral, sobre ese caso, donde se determinara una sentencia condenatoria o absolución.
Sin embargo, cabe recordar que una persona con un proceso judicial en trámite sí puede ejercer funciones públicas, siempre y cuando no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada o un pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento.
