Por Alaya
Caminar hoy por las calles de Bolivia es enfrentarse a una nación que avanza —o se estanca— a dos velocidades. Por un lado, corre el ritmo frenético de la supervivencia: el de los ciudadanos que sortean bloqueos sintiéndose invisibles, el de los transportistas que pernoctan en sus vehículos esperando combustible y el de las familias que hacen malabares ante una canasta familiar que, día tras día, es menos accesible. Por otro lado, en una suerte de realidad paralela, se mueve el ritmo pausado y muchas veces ajeno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En un recorrido por los puntos de protesta previo a la declaratoria del estado de excepción, me acerqué a los manifestantes con la intención única de escuchar. Fue entonces cuando comprendí que el bloqueo no nace del capricho, sino de la desesperación. Quienes cierran las vías lo hacen porque se saben excluidos del debate legislativo; porque se sienten abandonados por un Gobierno que, en campaña, prometió un horizonte de bienestar que nunca llegó, y porque perciben una discriminación profunda por parte de una sociedad que, muchas veces, prefiere estigmatizarlos antes que entender sus razones.
La otra cara de la moneda se vive en el minibús. Allí, el ciudadano de a pie se consume en la frustración: la imposibilidad de llegar a su fuente de trabajo, el deterioro de su economía doméstica y la angustia de saber que, en el contexto actual, enfermarse se ha convertido en un lujo inalcanzable.
La brecha de desigualdad, más que una cifra, es hoy una herida abierta. Resulta un contraste indignante, casi hiriente, que mientras el sector informal lucha por alcanzar el salario mínimo —y muchas veces ni siquiera lo logra—, los expresidentes perciban rentas que superan los 30.000 bolivianos. Como sentenció una pasajera durante el trayecto: «La crisis no es compartida; los exmandatarios deberían ganar, al menos, el sueldo mínimo».
Ante esta cruda realidad, surge una pregunta ineludible: ¿por qué la agenda legislativa prioriza penalizar el derecho a la protesta en lugar de atender las causas estructurales que empujan a la gente a las carreteras?
La Asamblea Legislativa tiene un mandato constitucional claro: es el espacio donde reside la representación de las provincias, del campo y de la ciudad. Su función no es convertirse en un foro de opinadores que buscan el titular de prensa o la ventaja partidaria inmediata, sino legislar, fiscalizar y, fundamentalmente, representar los intereses genuinos de toda la población.
Lo que muchos asambleístas parecen ignorar es que Bolivia —a ambos lados de la trinchera ideológica— exige sinceridad. Se requiere que los legisladores abandonen la comodidad de sus curules y la frialdad de las sesiones virtuales; que vuelvan a transitar las calles y se reencuentren con la realidad que se respira fuera de la burbuja del poder. Si la política no es capaz de aliviar el bolsillo del ciudadano, de garantizar la seguridad energética y de proteger la salud pública, entonces está fallando en su único objetivo: servir a su verdadero soberano, el pueblo.
