La Asamblea Legislativa reanudará esta semana sus actividades con una agenda marcada por el tratamiento del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026, considerado una de las prioridades del Ejecutivo para viabilizar recursos destinados a inversión pública, programas sociales y el funcionamiento de las instituciones durante el segundo semestre del año.
El pasado 3 de julio, el pleno aprobó el receso parlamentario del 6 al 20 de julio, periodo en el que se suspendieron las actividades ordinarias de las cámaras de Senadores y Diputados y solo funcionó una comisión de emergencia para atender asuntos urgentes y otros temas que requerían tratamiento inmediato.
PGE reformulado
Concluido el receso, las sesiones ordinarias de ambas cámaras se reanudarán conforme al calendario legislativo. Uno de los principales temas pendientes será el tratamiento del proyecto de ley del PGE Reformulado para la gestión 2026 en la Cámara de Senadores.
La Cámara de Diputados aprobó la norma el pasado 4 de julio en sus estaciones en grande y en detalle y la remitió a la Cámara de Senadores para su análisis y debate.
El viernes, la diputada Claudia Bilbao (PDC) calificó de urgente el tratamiento del PGE e indicó que, tras el retorno del receso, este debe ser el primer tema en agenda, debido a que contempla recursos para la ejecución de proyectos.
Debate
“El lunes volvemos del receso y lo primero que se tiene que tratar es este presupuesto, porque también tiene recursos para ejecutar proyectos. Necesitamos que esos recursos se muevan y la única forma es aprobando ese presupuesto”, afirmó.
En la misma línea, el diputado Alejandro Reyes sostuvo que, si se rechaza el PGE reformulado, continuará vigente el presupuesto aprobado durante la anterior administración. A su juicio, ello impediría aplicar la nueva orientación económica planteada por el Gobierno.
Reyes exhortó a los legisladores que se oponen a la iniciativa a reconsiderar su posición y afirmó que mantener el presupuesto elaborado durante la gestión de Luis Arce Catacora retrasaría la implementación de las reformas económicas previstas.
“Mantener un presupuesto masista significa rezagar unos meses más los cambios económicos importantes”, advirtió.
Asamblea Legislativa
Explicó que el reformulado responde a una nueva lógica económica y que fue solicitado al Ministerio de Economía con el propósito de dejar sin efecto el presupuesto aprobado durante la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Entre los principales cambios figura la exención, por cinco años, del pago de aranceles e Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la importación y comercialización de insumos, semillas, drones y sus accesorios, herramientas, equipos, bienes de capital y plantas industriales destinados a los sectores agropecuario, industrial, de la construcción, transporte y minería.
Asimismo, plantea anticipos financieros para las entidades territoriales autónomas; el uso de saldos de caja y bancos del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito; la regulación de obligaciones vinculadas al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); la inscripción de recursos específicos; un régimen excepcional para la reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas del nivel central del Estado; el cierre de fideicomisos públicos y la conversión de obligaciones del Fondo para la Revolución Industrial Productiva.
Proyecto
El proyecto incorpora además medidas orientadas a reforzar la disciplina fiscal y la transparencia en la administración pública. Establece que el presupuesto reformulado tendrá vigencia únicamente durante la gestión fiscal 2026 y no podrá utilizarse para convalidar, regularizar o legitimar actos administrativos, financieros, presupuestarios o de endeudamiento ejecutados antes de la promulgación de la ley.
La propuesta también crea programas de saneamiento y sostenibilidad fiscal para las entidades territoriales autónomas, permitiendo que aquellas que suscriban acuerdos con el Ministerio de Economía accedan a mecanismos especiales para readecuar su situación financiera.
Además, modifica el artículo 115 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización con el objetivo de fortalecer el control de las asambleas legislativas departamentales sobre el uso de los recursos públicos.
La disposición establece que la deuda flotante y la deuda no registrada no podrán superar el 5% del gasto ejecutado y dispone la promoción de acciones legales cuando se detecten gastos sin respaldo financiero.
LA RAZÓN
