El diputado de Unidad, Carlos Alarcón, presentó un proyecto de ley de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) con el objetivo de modificar disposiciones que, según sostiene, dificultan la llegada de inversiones y el desarrollo económico del país.
El legislador informó que el 13 de agosto entregó la propuesta al vicepresidente Edmand Lara, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Alarcón explicó que la iniciativa busca reformar aspectos específicos de la Constitución para “desmantelar todos los candados del modelo económico hiperestatista e ideologizado del Movimiento Al Socialismo (MAS)” y generar mejores condiciones para atraer capital nacional y extranjero.
Uno de los principales planteamientos consiste en incorporar el artículo 412 a la CPE para “desconstitucionalizar” 30 artículos de la actual Carta Magna. De acuerdo con el diputado, estos contenidos dejarían de tener rango constitucional y pasarían a ser regulados, modificados o derogados mediante leyes especiales aprobadas con dos tercios de votos de los asambleístas.
Entre las disposiciones que cuestiona se encuentran aquellas que, a su criterio, dificultan la llegada de grandes inversiones al país, como la prohibición de recurrir a mecanismos de arbitraje internacional.
La propuesta también plantea eliminar el sistema de elección de autoridades judiciales mediante voto popular, uno de los cambios institucionales que Alarcón considera necesario para una reforma de la Justicia.
El diputado aseguró que el tratamiento de la reforma constitucional no tendría que frenar la agenda económica del Legislativo. Señaló que ambos procesos pueden avanzar de manera paralela en la Asamblea, tanto la discusión del texto de reforma de la CPE como la aprobación de las denominadas leyes estructurales destinadas a impulsar el desarrollo económico del país.
“Se puede tratar de manera paralela en la Asamblea tanto el texto de la reforma de la CPE como las leyes estructurales para el desarrollo económico del país”, sostuvo.
Según Alarcón, esta vía permitiría avanzar simultáneamente en cambios constitucionales y en medidas legislativas orientadas a generar seguridad jurídica, atraer inversiones y establecer nuevas condiciones para la reactivación de la economía boliviana.
La iniciativa deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente para una reforma parcial de la Constitución, por lo que su tratamiento deberá pasar por la Asamblea Legislativa y posteriormente cumplir las etapas constitucionales previstas para este tipo de modificaciones.
