La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que el conflicto registrado en La Asunta está relacionado con una disputa entre sectores de comunarios que mantienen posiciones contrapuestas respecto a actividades mineras desarrolladas en la zona.
En conferencia de prensa, el director ejecutivo de la AJAM, Jaime José Sanabria, explicó que existen antecedentes sobre acuerdos privados suscritos por representantes de comunidades de la zona con actores productivos para captar inversiones destinadas a actividades mineras.
Aclaró también que no otorgó ningún área minera a ciudadanos extranjeros y que existe una investigación penal en curso por presunta explotación ilegal de recursos minerales.
De acuerdo con los antecedentes presentados por la AJAM, durante 2022 representantes de la comunidad Cuchumpaya, perteneciente al municipio de La Asunta, habrían suscrito un contrato privado de inversión minera con actores productivos nacionales para captar inversión extranjera destinada a actividades mineras en el sector.
La AJAM aclaró que estos contratos privados no constituyen derechos mineros otorgados por la autoridad administrativa y que el área denominada “Tres Amigos IV” no cuenta con un derecho minero vigente, por lo que cualquier actividad de explotación desarrollada en ese sector no estaría respaldada por un derecho minero reconocido por la institución.
“La responsabilidad que se está descargando sobre la AJAM es una verdad a medias, toda vez que el problema en La Asunta, al igual que en muchas regiones de nuestro país, ha sido generado por los mismos comunarios de la zona (…). En ningún momento la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera ha proporcionado áreas a ciudadanos de nacionalidad china. Eso es totalmente falso; más al contrario, estamos resguardando los recursos naturales del Estado”, afirmó Sanabria.
La institución también explicó que en las riberas del río Boopi existen aproximadamente 170 derechos mineros registrados, de los cuales siete corresponden a derechos preconstituidos y 164 son solicitudes en trámite.
La AJAM aclaró que una solicitud no habilita por sí misma el desarrollo de actividades de explotación, debido a que debe cumplir las etapas previstas por la normativa minera antes de obtener la autorización correspondiente. Asimismo, precisó que las actividades mineras deben cumplir las exigencias ambientales y contar con los permisos y autorizaciones emitidos por las autoridades competentes.
En ese contexto, manifestó que las denuncias sobre actividades mineras ilegales involucran a diferentes actores y que, de acuerdo con los antecedentes expuestos, algunas operaciones estarían vinculadas con cooperativas conformadas por pobladores de la zona y con posibles financiadores nacionales o extranjeros.
Respecto a los enfrentamientos registrados durante el fin de semana, la AJAM señaló que estos se produjeron en el marco de una pugna entre sectores de las propias comunidades de La Asunta, con posiciones contrapuestas sobre la continuidad de las operaciones mineras.
“Hemos visto justamente que la participación no es directamente de La Asunta en contra de la AJAM, sino que hay una pugna de poderes dentro de las comunidades que autorizan una actividad minera y otras que están negando la misma”, agregó.
La AJAM informó que por los hechos registrados en La Asunta existe un proceso penal abierto por presunta explotación ilegal de recursos minerales, al cual la institución se ha adherido para coadyuvar, con la información y el apoyo técnico que corresponda dentro de sus atribuciones, con el Ministerio Público.
Además, la institución coordina con el Ministerio Público, la Policía Boliviana y otras instancias competentes la evaluación de la situación en el sector, con el propósito de establecer el nivel de riesgo y definir las acciones que correspondan.
La AJAM indicó que esta evaluación es necesaria para determinar las condiciones de seguridad para el ingreso de personal técnico y administrativo, debido a los enfrentamientos, amenazas y advertencias registrados en la zona.
ABI
