El Procurador General, Ricardo Condori Tola, informó que no existe ninguna demanda de la petrolera Shell Bolivia Corporation, pues lo único que el Estado boliviano recibió fue una “notificación de disputa”, cuya documentación será analizada los próximos meses por las instituciones y empresas relacionadas con la posible controversia de inversión.
“No existe ninguna demanda. Lo correcto es señalar que nos hicieron llegar es una notificación de disputa por la que nos dan a conocer una posible demanda o arbitraje internacional relacionado con el tema de inversiones”, indicó la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado (PGE).
En la oportunidad, la autoridad dio a conocer que se tiene un plazo de seis meses para recabar la documentación necesaria para emitir un criterio claramente fundamentado. “En su momento, con la documentación legal, técnica, administrativa y financiera, veremos si existe o no la posibilidad de ingresar a un diálogo con la empresa”, sostuvo.
La autoridad precisó que el laudo con la trasnacional petrolera no es reciente, sino que deviene de pasadas gestiones de Gobierno, por el año 2013. “Este laudo indicaba que el Estado boliviano debía pagar más de 12 millones de dólares. Sin embargo, las entidades facultadas presentaron la anulación del mismo, lo que implica que esos 12 millones de dólares quedaron anulados por un juez en materia civil en Bolivia, por lo tanto, no existe ninguna situación pendiente”, puntualizó el Procurador Condori.
En pasadas horas, se hizo pública una carta del 5 de agosto, dirigida al presidente Luis Arce, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General del Estado, en la que la firma King & Spalding, en representación de BG Overseas Limited (el inversor) notifica al Estado boliviano sobre la “disputa entre el inversor y el Estado Plurinacional de Bolivia”, conforme al Artículo 8 del Convenio entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República de Bolivia, sobre el fomento y la protección de inversiones de capital, firmado en 1988.
