El juez Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, que está a cargo del Juzgado de Instrucción primero del municipio de La Guardia, emitió cuatro órdenes de aprehensión contra los autoprorrgoados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Rene Yvan Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Gallardo.
“Para ser conducidos ante el módulo policial de la Guardia y luego ser puesto a disposición del suscrito juzgador a objeto de resolver la presente acción popular”, señala la resolución judicial.
Pero no solo las órdenes de aprehensión, a última hora de la tarde también se conoció de la alerta migratoria que lanzó la fiscalía de Sucre, donde los autoprorrogados tienen un proceso penal que ya está admitido y tiene control jurisdiccional a cargo de un juez.
Hasta el momento, este martes se presentaron tres casos de acción popular contra los cinco autoprorrogados, el primero en Potosí que determinó el cese inmediato de los demandados, además que sean sacados de sus oficinas custodiados, al margen de la multa y el cese de pago de salarios.
Pocos minutos después concluía otra acción popular que se realizó en la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz, que determinó prohibir el ingreso a los cinco demandados. El vocal José Manuel Gutiérrez Velasquez, declaró el cese de los todos, dejando sin efecto cualquier resolución emitida por estos a partir de la decisión asumida en la Sala Constitucional.
Una vez que acabó la audiencia en Santa Cruz se conoció de otra acción popular en el municipio de La Guardia, también en Santa Cruz y fue el Juzgado Primero de Instrucción que emitió las órdenes de aprehensión contra los autoprorrogados.
El 6 de octubre de este año el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, advirtió a los autoprorrogados decidir el camino que tomarían y dijo que uno de ellos era la renuncia y el otro era ser defenestrados; aparentemente los acusados tomaron el segundo camino.
Hasta el momento solo se conoce de cuatro órdenes de aprehensión, no figura la orden para Isidora Jimenez Castro.
FUENTE: EL DEBER
