Por: Gabriela Mamani
La aprehensión del exejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, pone en jaque la credibilidad de uno de los sectores más emblemáticos del país el movimiento sindical. Las acusaciones que pesan sobre él, respaldadas por 17 informes bancarios y la declaración jurada de una testigo clave que asegura haber gestionado el cobro de coimas, no pueden ser minimizadas ni reducidas a una pelea interna.
Si se confirma que Huarachi recibió recursos provenientes de sobornos vinculados a contratos públicos, ¿qué mensaje se envía a los trabajadores que confiaron en él como su representante? ¿Qué queda de la ética sindical cuando sus dirigentes terminan implicados en redes de corrupción junto a exministros y operadores financieros?
Este caso, además, expone una pregunta más profunda ¿Cuánto tiempo pudo operar una estructura económica paralela dentro del Estado sin que nadie la detuviera?. La denuncia señala la participación de intermediarios, funcionarios públicos y miembros del directorio de la COB. Esto refleja que no hablamos de actos aislados, sino de una maquinaria organizada para desviar recursos públicos y enriquecer patrimonios personales.
Sin embargo, surge otra interrogante clave ¿La investigación avanza por convicción judicial o por conveniencia política?. En un escenario marcado por disputas internas en el MAS y tensiones entre el Gobierno y sectores sindicales, es inevitable preguntarse si la justicia actúa con independencia o como herramienta de presión y disciplinamiento.
La defensa de Huarachi alega ilegalidades en el proceso. Si existen irregularidades, deben aclararse; pero si la estrategia apunta únicamente a frenar la investigación, se estará apostando nuevamente a la impunidad.
Hoy Bolivia enfrenta una decisión crucial ¿permitirá que este caso llegue hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, o lo dejará diluirse como tantos otros, enterrado bajo pactos y silencios?
La respuesta a estas preguntas definirá algo más grande que un proceso judicial la confianza de la ciudadanía en que la justicia puede ser algo más que un instrumento selectivo. Porque si esta causa se frena, el mensaje será devastador: en Bolivia, la corrupción no se castiga, se negocia.
