El presidente Luis Arce promulgó este lunes la Ley Corta Excepcional y Transitoria que autoriza la importación de combustibles por parte del sector privado durante 90 días. La medida llega en medio de una crisis evidente: filas interminables en surtidores, escasez de diésel y gasolina y un malestar social creciente.
Sin embargo, más allá del anuncio, surgen varias preguntas que deben ser planteadas con serenidad y sentido crítico.
¿Esta ley representa una solución estructural al problema del abastecimiento, o simplemente es una respuesta coyuntural para calmar la presión social y económica? ¿Por qué el Gobierno esperó a llegar a este punto de crisis antes de abrir la posibilidad de importación privada, si desde hace meses las advertencias eran evidentes?
El propio mandatario destacó que su administración ya había emitido normas para facilitar la importación, pero los hechos en la calle mostraban otra realidad: combustible escaso, transporte paralizado y productores desesperados. Entonces, ¿falló la gestión logística de YPFB o la planificación del Ejecutivo?
El sector agropecuario, especialmente en Santa Cruz, ha sido uno de los más afectados. En plena cosecha de invierno y planificación de la campaña de verano, los productores necesitan millones de litros de diésel. ¿Cómo garantizar que este sector acceda al combustible sin que la intermediación privada eleve los costos? ¿Quién controlará que no haya especulación ni abusos durante estos 90 días?
El Comité Cívico pro Santa Cruz celebró la promulgación, pero con tono de advertencia: cada día de retraso, dicen, es un día perdido para la economía nacional. Y no les falta razón. Pero también vale preguntarse: ¿qué pasará cuando concluya el plazo excepcional? ¿Habrá un plan sostenible para asegurar el suministro de energía y combustibles, o volveremos a la misma historia de escasez y culpables?
Esta ley puede verse como un gesto de apertura o como una señal de debilidad del Estado ante la incapacidad de cubrir la demanda nacional. En cualquiera de los casos, lo cierto es que la crisis del combustible ha evidenciado las fragilidades del modelo energético boliviano, dependiente de la importación y con una producción nacional que no logra despegar.
¿Será este el primer paso hacia una reforma energética seria, o simplemente otro intento de ganar tiempo ante la presión social y política?
Por: Gabriela Mamani
