La reciente aprehensión de Luis Felipe Ladislao Cáceres García, exviceministro de Defensa Social y hombre de confianza de Evo Morales, abre más interrogantes que certezas. ¿Cómo es posible que quien encabezó la lucha antidrogas durante 13 años aparezca hoy vinculado a un laboratorio de cristalización de cocaína? ¿Acaso nunca se controló lo que ocurría en el trópico de Cochabamba o, peor aún, se sabía y se callaba?
Los informes de exjefes de la Felcn señalan que en esa región los operativos estaban prohibidos si Cáceres no los autorizaba. ¿Era entonces el garante de una lucha antidroga o el filtro que protegía a quienes operaban en la sombra? ¿Por qué durante tanto tiempo se toleró que un viceministro manejara con tanta discrecionalidad la estrategia nacional contra el narcotráfico?
El caso se agrava porque no se trata de un hecho aislado. Días antes fue detenida Elba Terán, cercana al expresidente Morales, con 10 kilos de cocaína. ¿Estamos frente a simples coincidencias o ante un entramado que comienza a desmoronarse? ¿Cuántos otros actores políticos y económicos se beneficiaron durante años bajo ese esquema de “control” en el trópico?
El país tiene derecho a saber: ¿qué sabía Evo Morales sobre las acciones de su hombre de confianza? ¿Puede un presidente permanecer ajeno durante más de una década a lo que pasaba en la región más sensible del país respecto al narcotráfico?
Hoy, Cáceres está en celdas policiales esperando a un juez. Pero la verdadera pregunta es otra, ¿caerá solo él o se investigará toda la red de complicidades? Porque si la justicia se limita a procesar a un exfuncionario caído en desgracia, la impunidad volverá a triunfar.
La sociedad merece respuestas claras, ¿hubo una política de Estado contra el narcotráfico o, en realidad, se trató de un montaje para encubrirlo? ¿Estamos frente a un hecho aislado o ante la confirmación de que la política y el narcotráfico han estado, durante demasiado tiempo, de la mano en Bolivia?
