Brenda La Fuente asegura haber tenido encuentros íntimos con el presidente Luis Arce en el piso 24 de la Casa Grande del Pueblo y denuncia que le impiden registrar el lugar y recabar pruebas. Si estas acusaciones fueran ciertas, ¿qué significa que un espacio dentro de un edificio público sea inaccesible para la investigación? ¿Se protege la imagen de una autoridad por encima del derecho a la verdad?
Más allá de la relación personal que se reclama, este caso pone en cuestión la transparencia y la justicia en el país: ¿cómo confiar en la imparcialidad del sistema judicial si existen obstáculos para recabar evidencia dentro de instalaciones estatales? ¿Acaso algunos están por encima de la ley simplemente por ocupar cargos de poder?
La sociedad no puede ignorar estas interrogantes: ¿se permitirá que las investigaciones sigan su curso o prevalecerá el secreto institucional? ¿Estamos frente a un choque entre poder y derechos ciudadanos, o hay elementos que el público aún no conoce?
Este episodio recuerda que la ética, la rendición de cuentas y la transparencia no deben tener piso 24 ni privilegios: ¿seremos capaces de exigir que se cumpla la ley para todos, sin excepción?
