El regreso del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, a territorio boliviano ha reavivado la atención sobre los procesos judiciales que enfrenta por presuntos hechos de corrupción y uso indebido de recursos del Estado durante su gestión. Legisladores de diferentes bancadas coincidieron en la necesidad de que responda ante la justicia nacional.
Hernán Hinojosa, diputado del MAS, calificó a Murillo como “un prófugo de la justicia” y sostuvo que debe cumplir la pena máxima en el penal de Chonchocoro, asegurando que se haga justicia por los delitos cometidos mientras ejercía funciones públicas.
Desde Creemos, Walthy Eguez destacó que Murillo, ya sancionado en Estados Unidos, tiene la obligación de responder también en Bolivia. “Arturo Murillo es un delincuente que desvió recursos del Estado; ahora debe pagar por sus delitos aquí”, enfatizó.
La diputada María René Álvarez insistió en la importancia de llevar a cabo una investigación completa. “Quien haya cometido delitos debe ser juzgado y cumplir las penas que correspondan, de acuerdo con la ley”, afirmó.
Murillo arribó a La Paz bajo un fuerte dispositivo de seguridad, abriendo un nuevo capítulo en los procesos judiciales en su contra. La expectativa se centra en las acciones que adoptarán las autoridades para garantizar que los casos de corrupción vinculados a su gestión sean investigados y sancionados.
