Por: Gabriela Mayta
La detención de Rubén Ríos Miranda, dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), por presuntas irregularidades en el manejo de harina subvencionada de Emapa, vuelve a poner en evidencia un patrón que ya parece una rutina nacional: recursos del Estado destinados a la población terminan en manos privadas, mientras la gente paga la factura.
Las autoridades hablan de venta irregular de harina con beneficios indebidos, contratos de arrendamiento a nombre de Emapa y contratos logísticos con aparentes irregularidades. Además, el Ministerio Público investiga a Ríos por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y contratos lesivos al Estado. El daño, dicen, sería considerable.
Pero ante cada dato oficial, surgen preguntas que nadie en el poder termina de responder ¿Por qué los programas de subvención que deben abaratar el costo de vida se convierten una y otra vez en negocios privados y oscuros?
¿Realmente alguien puede creer que estas operaciones se desarrollaron sin conocimiento de funcionarios y autoridades de mayor rango?
¿Dónde estuvieron los mecanismos de control financiero, administrativo y legal que supuestamente existen para evitar estos abusos? ¿Quién supervisaba y quién miró hacia otro lado? Si hubo contratos irregulares, ¿quién los firmó, quién los aprobó y quién los toleró?¿Cuántos más están involucrados y cuántos van a ser protegidos por pactos políticos o corporativos? ¿Veremos un proceso transparente o solo el sacrificio de un dirigente para encubrir a los verdaderos beneficiarios?
La aprehensión voluntaria de Ríos, después de que su hijo fuera detenido, abre un proceso legal que debería ser esclarecedor. Sin embargo, la experiencia reciente obliga a cuestionar seriamente la credibilidad institucional. En este país, demasiados casos comienzan con titulares fuertes y terminan con silencios convenientes.
Y surge la gran pregunta, la que resume el hartazgo ciudadano: ¿Estamos ante un acto real de justicia o frente a otro episodio calculado para simular que se combate la corrupción sin tocar a los intocables?
Mientras no se castigue a todos los responsables, mientras haya privilegios judiciales y pactos soterrados, la corrupción seguirá tan subvencionada como la harina. Y el pueblo, una vez más, terminará pagando el pan más caro: el pan de la impunidad.
