Por Flor
El reciente anuncio del Vicepresidente Edmand Lara de suprimir la remuneración mensual a los expresidentes de Bolivia esta medida, presentadas a menudo bajo la bandera de la austeridad o la justicia social, merecen un análisis sereno que vaya más allá del rédito político inmediato. La pregunta central que subyace es si la política boliviana debe ser abordada con gestos populistas o con la seriedad y visión de Estado que requiere la construcción a largo plazo.
La esencia de la democracia radica en el voto directo. La mayoría de los expresidentes, hayan terminado sus mandatos o no, llegaron al poder por el respaldo de una parte significativa de la población boliviana. Otros, es cierto, lo hicieron por las circunstancias del tablero político –sucesión constitucional, crisis o coyunturas especiales–, pero su ascenso estuvo, en última instancia, enmarcado dentro de las reglas de juego del Estado. En ambos casos, el ejercicio de la presidencia implica una labor de servicio al Estado, un sacrificio personal y profesional que, bien o mal ejecutado, es un reconocimiento a la máxima responsabilidad pública.
El argumento que busca dignificar la política choca de frente con la lógica de estas acciones de «quitar» o «recortar» beneficios. Dignificar la política no es volverla un trabajo ad honorem para los ex-servidores, sino dotarla de la altura, la estabilidad y la visión de futuro que un país necesita. Se asume una medida de este calibre, justamente, porque tiene un efecto propagandístico inmediato: parece un acto de justicia o un ahorro significativo. Sin embargo, en el gran esquema de las finanzas estatales, el ahorro que representa la supresión de estas remuneraciones es ínfimo y no será la llave que abra la financiación para bonos o grandes proyectos sociales.
Los datos de la región son ilustrativos y dan perspectiva. El salario de un expresidente boliviano (el saliente Luis Arce gana alrededor de $3.014 USD mensuales como presidente, el más bajo de los ejemplos citados en Latinoamérica) es considerablemente modesto en comparación con otros mandatarios como Luis Lacalle Pou de Uruguay ($22.289 USD). Este hecho subraya que el problema en Bolivia no es un salario exorbitante, sino la falta de comprensión del valor del servicio público de alta jerarquía. El salario no es un premio, es una compensación y un medio para asegurar la dedicación exclusiva y la estabilidad del servidor.
La política, cuando se torna propagandística y se enfoca en la remoción de beneficios a unos pocos, especialmente a adultos mayores que ya no están en el ejercicio del poder, desvía el foco de lo verdaderamente importante. El tiempo y la energía política invertida en debatir y aprobar esta medida podrían y deberían estar dedicados a presentar propuestas a largo plazo que realmente impacten la vida de la población: proyectos de país, estrategias de desarrollo económico sostenibles, y reformas estructurales.
El ciudadano boliviano, al elegir a un presidente, opta por una persona con «luces y sombras», con la esperanza de que su servicio sea lo mejor para la nación en ese momento de la historia. Quitar la remuneración post-mandato no es una forma seria de hacer política; es un acto de ensañamiento simbólico que no aborda los problemas reales de la economía o la gestión estatal. Se corre el riesgo de enviar el mensaje de que el servicio público de más alto nivel es una labor desechable, a la que no se le debe garantizar una vejez digna.
La verdadera dignificación de la política pasa por la seriedad en la gestión, la presentación de proyectos de país coherentes, la lucha frontal contra la corrupción y la estabilidad institucional, no por la búsqueda de aplausos fáciles a través de la supresión de un beneficio a un puñado de personas. La política no debe ser un escenario para quitar, sino un espacio para construir y proponer. Bolivia merece un debate público que esté a la altura de sus desafíos históricos, uno que priorice la visión estratégica sobre el gesto populista.
