Por Flor
La reciente entrega de las instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) por parte del presidente Rodrigo Paz, con la imagen de una exhausta pero firme Amparo Carvajal en el centro, nos obliga a una profunda reflexión. La escena es, sin duda, poderosa: una mujer octogenaria, símbolo de una vigilia incansable, recupera un espacio. Sin embargo, detrás de esta estampa de perseverancia se esconde una figura envuelta en polémicas que fracturan la coherencia que se espera de una defensora de los derechos humanos. ¿Es este acto una restitución de justicia o un aval a una gestión cuestionable?
La defensa de los derechos humanos exige una brújula moral inquebrantable y una aplicación universal de sus principios. Es aquí donde la figura de Carvajal se torna incómoda. La pregunta que lanzó a las v1ctim4s de p3derastia —»¿Por qué después de 50 años reclaman?»— al conocer la condena de encubridores de Alfonso Pedrajas, es un dardo que revictim1za y minimiza el dolor de aquellos que tardan décadas en encontrar la fuerza para denunciar. El trauma, el silencio impuesto por la jerarquía de la iglesia católica y el miedo no prescriben; cuestionar el timing del reclamo es una grave falta a la empatía y al espíritu fundamental de la defensa de los indefensos.
La controversia se agrava al recordar su «aferrada defensa» de los militares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad, m4s4cr3s en Senkata y Sacaba, y vi0lacion3s durante el gobierno de Jeanine Áñez. Es inaceptable que una defensora de derechos humanos priorice la protección de los agresores armados y estatales sobre las v1ct1mas civiles, muchas de las cuales portaban tan solo palos y piedras. La esencia de esta labor radica en proteger al más vulnerable frente al poder desmedido del Estado; invertir esa premisa es desvirtuar por completo la misión. Los derechos humanos no pueden ser un escudo para los perpetradores de la violencia institucional.
Este historial levanta serias dudas sobre la objetividad y el corazón de su activismo. La pregunta sobre si su formación en el ámbito eclesiástico influye en su silencio o tibieza ante los abus0s s3xual3s cometidos por curas como Pedrajas, es dolorosa pero necesaria. Si la formación religiosa interfiere con la capacidad de defender incondicionalmente a la niñez indefensa frente a los abusadores dentro de la propia institución, entonces la defensa de derechos está sesgada. Un líder de la APDHB debe demostrar una independencia total de cualquier sesgo personal, ideológico o institucional.
La acción del presidente Paz, al ofrecer un «eufórico abrazo» a Carvajal en este contexto, refleja un grave error de asesoramiento político y una falta de sensibilidad hacia las verdaderas víctimas. No se puede restituir un símbolo ignorando el fondo del problema. Las víctimas de Ovejuyo, Senkata o Sacaba merecen la misma o mayor atención y justicia que la restitución de un edificio. Los derechos humanos no deben ser una moneda de cambio ni una bandera ideológica; deben ser la voz de los silenciados.
En conclusión, el acto de la entrega de la APDHB es un momento agridulce. Si bien la tenacidad de Amparo Carvajal es incuestionable, la utilización selectiva y parcializada de la bandera de los derechos humanos empaña su legado. Los derechos fundamentales deben defender a los sectores víctimas de agresión y vulneración, no a quienes las perpetraron. El mensaje que queda en la sociedad es que, a veces, la edad y la vigilia pesan más que la coherencia ética. La APDHB necesita una dirección que demuestre que la defensa de los derechos es universal, incondicional y siempre a favor del oprimido.
