Por: Gabriela Mamani
Las declaraciones del nuevo viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel, colocan sobre la mesa una afirmación poderosa y, a la vez, preocupante: la gestión 2026 debe iniciar “parando el deterioro de la calidad educativa”. La frase es contundente porque reconoce un problema profundo que el Estado ha evitado admitir durante años. Si el deterioro es tan evidente, ¿qué tan grave es la situación real del sistema educativo?
Pimentel promete construir sobre lo avanzado y no repetir el ciclo de borrón y cuenta nueva que ha caracterizado a anteriores gestiones. La intención es loable, pero plantea una interrogante esencial ¿qué se considera avance y quién lo define? En educación, donde abundan discursos pero escasean evaluaciones serias, la noción de progreso suele depender más de posiciones políticas que de datos verificables. Sin una radiografía técnica, ¿cómo saber sobre qué se está construyendo?
La ministra de Educación, Beatriz García, anuncia además una reunión con el Magisterio para abrir el diálogo y proyectar una nueva ley educativa. Sin embargo, cualquier intento de reforma enfrenta un desafío monumental: un sistema que combina estructuras rígidas, resistencias sindicales y una institucionalidad que cambia cada vez que cambia el gobierno. ¿Puede una agenda de trabajo consensuada superar décadas de desconfianza entre el Estado y los maestros?
El anuncio de una nueva ley de Educación despierta otra duda legítima ¿el país necesita más normas o más cumplimiento? Bolivia ha acumulado discursos transformadores sin transformar lo esencial la formación docente, la infraestructura escolar, la evaluación de aprendizajes y la incorporación de tecnologías que realmente funcionen. ¿Es viable construir cambios profundos cuando aún no se han resuelto problemas básicos?
La promesa de parar el deterioro es un punto de partida, pero no una meta en sí misma. Detener el retroceso no significa mejorar, solo evitar que la caída continúe. El desafío del nuevo equipo del Ministerio de Educación será demostrar que la voluntad anunciada se traducirá en acciones concretas y sostenibles. La pregunta final es inevitable ¿será esta gestión capaz de romper el ciclo de diagnósticos repetidos y reformas inconclusas que arrastra la educación boliviana?
