Por: Gabriela Mamani
Por años, el tema del narcotráfico ha sido una herida abierta en Bolivia, una herida que se reabre con cada cambio de gobierno, con cada discurso prometiendo una nueva estrategia que casi siempre se parece demasiado a la anterior. Hoy, con el regreso de Ernesto Justiniano Urenda al frente del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, la pregunta es inevitable: ¿será diferente esta vez?
Justiniano no es un desconocido. Fue “zar antidrogas” durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en una época marcada por la erradicación forzosa y la tensión con los productores de coca. Su retorno, bajo la administración de Rodrigo Paz, despierta una mezcla de expectativa y escepticismo. ¿Podrá un hombre con experiencia, pero también con pasado polémico, liderar una política antidrogas más realista y menos ideologizada?
El nuevo viceministro habla de una cooperación internacional inteligente, sin mencionar directamente a la DEA, aunque el contexto actual con el Gobierno abierto a la colaboración de agencias extranjeras sugiere una reconfiguración del rol de Estados Unidos en esta agenda. ¿Estamos ante un giro pragmático o ante el regreso de viejas dependencias que Bolivia intentó superar durante los últimos años?
También resulta clave su posición sobre la hoja de coca, a la que llama parte de la identidad nacional, pero reconoce su excedente ilegal como un problema que requiere orden, tecnología y desarrollo alternativo. ¿Será capaz de mantener ese delicado equilibrio entre respeto cultural y control efectivo? ¿Cómo reaccionarán los sectores cocaleros ante un discurso que promete diálogo, pero que podría derivar en mayor fiscalización?
Lo cierto es que Justiniano asume el cargo en un momento en que la credibilidad del Estado frente al narcotráfico está en duda. Los recientes escándalos de protección al narco dentro de instituciones policiales y judiciales exigen resultados tangibles, no solo buenas intenciones. En este contexto, su frase final resuena con fuerza: “El productor legal será nuestro aliado. El enemigo es el narcotráfico.”
El desafío será demostrar que esas palabras no se quedan en el papel. Porque, más allá de los nombres y los cargos, la gran pregunta persiste ¿tendrá Bolivia, por fin, una política antidrogas que no sea rehén ni de la ideología ni del oportunismo político?
