Por Flor
La detención y procesamiento de la expresidenta Jeanine Áñez a raíz de la denuncia por el denominado «golpe de Estado» de 2019 ha encendido un debate crucial sobre el rol de la justicia en Bolivia. Más allá de la figura central de Áñez y de los militares y policías involucrados, el foco de la controversia recae, paradójicamente, sobre quien inició el proceso: la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, una mujer de origen indígena campesino. En este entramado, surge la inquietud de que la acción judicial se esté utilizando como un instrumento de escarmiento político y social, con un mensaje particularmente dirigido a un sector históricamente marginado de la sociedad.
La esencia del argumento radica en que la justicia, con su «garrote», estaría buscando dar una lección ejemplarizadora a Lidia Patty, y a través de ella, a la totalidad del movimiento indígena campesino. El mensaje es brutalmente claro: no se puede alzar la voz ni iniciar denuncias que toquen fibras sensibles del poder político. Se cuestiona que, si bien la justicia debía actuar de oficio ante la gravedad de los hechos denunciados sin necesidad de una querella particular, el énfasis y la persecución posterior parecen cargar un peso simbólico. La ejecución de la aprehensión de Áñez no fue obra de Patty, sino del sistema de justicia, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Qué presiones o intereses motivan esta persecución selectiva hoy en día?
Resulta inquietante la percepción de que se busca escarmentar a los indígenas, a las mujeres de pollera, por el simple hecho de ejercer su derecho a la denuncia. La pregunta resuena con fuerza: ¿Quién está detrás del requerimiento de querer aprehender a la denunciante? Este giro en el foco de atención, de los presuntos autores del «golpe» a la denunciante, sugiere una estrategia de desviación de la opinión pública. Se podría estar intentando distraer a la población de la falta de respuestas a las demandas sociales y económicas que persisten en la sociedad boliviana, utilizando el caso como un cortina de humo.
El trasfondo de este asunto no es solo legal, sino profundamente político y étnico. Lidia Patty, como mujer indígena y campesina, representa a un sector que ha ganado espacio de representación en la política boliviana, pero que históricamente ha sido objeto de desdén. Su acción legal, al margen de su orientación política, fue un ejercicio de derecho que ahora parece revertirse con una intención punitiva, no por haber actuado mal, sino por quién es y a quién representa. Esto vulnera la idea de una justicia imparcial y equitativa.
La selectividad del proceso judicial y las acciones posteriores contra la denunciante proyectan una imagen de instrumentalización de la justicia. Si el aparato legal se utiliza para intimidar a ciudadanos, y peor aún, a sectores sociales específicos que históricamente han luchado por el reconocimiento y la igualdad, se debilita la democracia. El mensaje que se envía es que alzar la voz puede costar la libertad o la seguridad personal, un coste inaceptable en un Estado de derecho.
Es imperativo que la justicia boliviana actúe con la máxima transparencia y apego a la ley, demostrando que su accionar no responde a presiones políticas ni a deseos de venganza o escarmiento social. Si se persigue a la denunciante, el mensaje que se consolida es la existencia de una justicia de doble rasero, donde el derecho a la denuncia está condicionado a la identidad o la posición social del individuo. Este riesgo socava la credibilidad institucional.
La denuncia de Lidia Patty y el posterior tratamiento judicial del caso Jeanine Áñez han abierto una caja de Pandora. La sensación de que el sistema judicial busca «dar un escarmiento» a la mujer indígena por atreverse a denunciar un hecho de alta connotación política es un indicio preocupante de la fragilidad del Estado de derecho en Bolivia. La sociedad y los operadores de justicia deben reflexionar sobre el peligro de silenciar la voz de los históricamente marginados, pues una justicia que intimida es una justicia que pierde su legitimidad y socava las bases de la democracia.
