Por: Gabriela Mamani
El anuncio del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sobre la aceptación de colaboración de la DEA marca un punto de inflexión en la política antidrogas del país. Después de más de 15 años de distanciamiento, Bolivia vuelve a abrir sus puertas a una agencia que simboliza tanto la lucha global contra el narcotráfico como las tensiones históricas por la soberanía nacional. ¿Se trata de un gesto pragmático o de una señal de debilidad institucional?
La decisión llega en un contexto complejo: aumento del tráfico de cocaína hacia Europa, denuncias de corrupción policial y pugnas internas en las fuerzas del orden. Ante esta realidad, ¿puede Bolivia seguir enfrentando sola un problema que cruza fronteras y mueve millones? Oviedo justifica el giro afirmando que el delito no tiene nacionalidad, y que la cooperación es necesaria. Pero la pregunta que muchos se hacen es: ¿a qué precio?
La DEA fue expulsada en 2008 por acusaciones de injerencia y espionaje político. Hoy, su retorno aunque bajo la figura de colaboración despierta suspicacias. ¿Quién controlará la información que se comparta? ¿Qué garantías existen de que no se repita la historia?
Más allá del debate ideológico, el anuncio expone una realidad incómoda, Bolivia enfrenta un poder criminal que supera su capacidad operativa y de inteligencia. Rechazar ayuda internacional sería irresponsable, pero aceptarla sin condiciones podría poner en riesgo la autonomía nacional.
El desafío del Gobierno no será solo coordinar con la DEA, sino hacerlo bajo reglas claras, transparentes y con control soberano. De lo contrario, este paso, que hoy se presenta como una estrategia de cooperación, podría mañana ser recordado como el inicio de un nuevo ciclo de dependencia y desconfianza.
