Por Flor
La Paz vive un momento de tensión. Bajo la gestión del alcalde Iván Arias, la implementación del plan «Parqueo para Todos» ha encendido un debate que, curiosamente, parece desarrollarse en un silencio colectivo. Se habla de un supuesto reordenamiento, de una modernización que busca organizar el caos vehicular. Pero, ¿es realmente eso lo que está sucediendo, o es solo el pretexto para un nuevo «impuestazo» disfrazado?
Hasta ahora, dejar el auto en la calle no tenía un costo fijo. Los cuidadores informales, una realidad arraigada en nuestra ciudad, se encargaban de ello. Sin embargo, con este nuevo sistema, la dinámica cambia por completo. Ya no se trata de un pago voluntario o simbólico; es una tarifa por hora, un costo fijo que afecta directamente el bolsillo de los paceños. Un simple paseo familiar al parque, que antes era una salida económica, ahora implica sumar un gasto adicional, haciendo que el auto se vuelva un lujo difícil de mantener en las calles de La Paz.
El alcalde Arias ha impulsado esta medida con poca o nula socialización, lanzándola como una solución técnica sin considerar el impacto económico en la población. Este «impuestazo» llega en un momento de crisis, y la falta de información solo genera más incertidumbre. El proyecto, que delega la administración de estos espacios a empresas privadas, ha levantado sospechas. ¿Quién fiscalizará la recaudación? ¿A quién beneficia realmente esta iniciativa? La opacidad es total.
Los costos son claros: entre 3 y 5 bolivianos por hora para vehículos y de 2 a 3 para motocicletas. Lo más preocupante es la discriminación que parece incluir el sistema, con una tarifa mayor para los vehículos de otros departamentos. ¿Acaso no somos todos bolivianos? ¿Cómo se justifica una diferencia de precios que trata a los compatriotas como «foráneos»?
Mientras el ejecutivo municipal avanza con esta agenda, los concejales y legisladores permanecen en un sorprendente mutismo. Su silencio es interpretado por muchos como una complicidad, una distracción por intereses políticos que poco tienen que ver con el bienestar de los paceños. Parecen más preocupados por la siguiente vuelta electoral que por fiscalizar una normativa unilateral que carece de consenso.
La gestión de Arias ha sido cuestionada en múltiples frentes, desde la respuesta a las inundaciones hasta ahora, con un proyecto que parece priorizar la recaudación por encima del bienestar ciudadano. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿Hasta cuándo los paceños seguirán guardando silencio? El futuro de la ciudad, y de sus calles, podría estar siendo definido sin que la voz de la ciudadanía se haga escuchar.
