Una demanda constitucional fue interpuesta ante la Sala Constitucional Primera contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a raíz de denuncias por la presunta comercialización de combustible en mal estado en la ciudad de Trinidad, hecho que habría provocado averías en vehículos particulares y unidades del transporte público.
La acción, tramitada como Acción Popular dentro del sistema judicial, quedó registrada el 4 de febrero de 2026 y busca la protección de derechos colectivos vinculados a la seguridad, el patrimonio ciudadano y la prestación de servicios adecuados.
La iniciativa legal fue promovida por Luis Rowers Perdriel Calleja y Richar Rodríguez Terán, con el respaldo de un equipo jurídico particular, quienes responsabilizan a ambas entidades estatales por presuntas fallas en los controles y la supervisión de la calidad del carburante que se distribuye en la capital del Beni.
En el proceso figuran como autoridades demandadas los representantes legales de YPFB y de la ANH, instituciones que, según los accionantes, tienen la obligación de garantizar que los combustibles cumplan con los estándares técnicos establecidos.
De acuerdo con la denuncia, numerosos usuarios habrían sufrido daños mecánicos significativos, además de pérdidas económicas que afectan directamente a sus actividades productivas, sin que hasta ahora se haya dado una solución concreta al problema.
Entre tanto chóferes realizan vigilia en las distintas refinerías del país pidiendo resarcimiento por que la gasolina de YPFB arruinó sus motores.
Vía : DTV
