Por Flor
La reciente detención del expresidente Luis Arce Catacora, independientemente de la filiación política que se profese, se erige como un acto que proyecta una sombra inquietante sobre la ya frágil institucionalidad de nuestro país. Este evento no puede ser catalogado simplemente como un procedimiento legal; más bien, se percibe como una nueva y dolorosa confirmación de que la justicia parece operar bajo un prisma de parcialidad política, desdibujando la neutralidad que debería ser su sello distintivo.
La celeridad y el contexto que rodearon la aprehensión sugieren, para muchos, que las decisiones judiciales están sintonizadas con el ritmo y los intereses del vaivén político dominante, en lugar de adherirse estrictamente a los principios innegociables del derecho.
En el corazón de cualquier democracia respetable yace la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa para todo ciudadano, sin importar su pasado o su cargo. La detención de un exmandatario, una figura que en teoría debería tener un escrutinio legal impecable, pone en evidencia una preocupante anomalía: la justicia parece inclinarse no hacia la balanza ciega de la equidad, sino hacia la dirección en la que soplan los vientos del poder.
Cuando las acciones judiciales son percibidas como herramientas de retaliación o persecución, se socava la confianza pública y se consolida la amarga impresión de que la ley es flexible y acomodaticia según quien esté en el banquillo.
Mientras la atención mediática y política se consume en la retórica de la persecución y el encarcelamiento de opositores, enfrascados en una «politicaria» estéril, la imagen de nuestra nación se ve profundamente menoscabada en el escenario internacional. Esta fijación en la pugna y en la cacería de «masistas», tal como se vocifera en ciertos círculos, desvía recursos y energía de lo que realmente demanda la ciudadanía. No existe un debate serio ni un programa de gobierno robusto que plantee soluciones estructurales y duraderas a los problemas socioeconómicos que aquejan a la mayoría de la población.
Es tentador concluir que este tipo de detenciones tienen un propósito secundario, quizás más político que legal: virar la opinión pública y desviar el foco de la inacción o de las falencias de gestión. Al generar un escándalo de alto perfil, se proporciona una cortina de humo mediática que distrae del clamor generalizado por una política de Estado auténtica y resultados tangibles. La gran mayoría de la población no pide más confrontación; clama por estabilidad, por planes concretos de desarrollo y por una administración que se ocupe de sus necesidades diarias, no de alimentar rencillas históricas.
La experiencia de observar este ciclo constante de persecución, enjuiciamiento selectivo y polarización deja un regusto de profunda amargura. Cada nuevo episodio de este tipo no solo revela la fragilidad de nuestro sistema judicial, sino que también subraya la evasión crónica de los líderes políticos para enfrentar los verdaderos desafíos de la nación. Se tiene la triste sensación de que, en lugar de avanzar hacia soluciones reales, el país se atasca repetidamente en la vendetta política, sacrificando el progreso en el altar de la confrontación ideológica.
En última instancia, la detención del expresidente Arce Catacora es más que un simple titular; es un síntoma de una enfermedad institucional más profunda. Es un llamado de atención a la necesidad imperiosa de recuperar la independencia y la credibilidad de la justicia, y de exigir a la clase política que abandone la persecución como herramienta de gobierno.
Solo una justicia imparcial y una política enfocada en soluciones, y no en la cacería, podrán curar la tristeza y el desencanto que se apodera de una ciudadanía que espera, con urgencia, un camino hacia la verdadera estabilidad y el desarrollo.
