Por: Gabriela Mayta
La orden de aprehensión emitida contra la exdiputada Lidia Patty por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Fondo Indígena vuelve a poner sobre la mesa uno de los mayores escándalos de corrupción de la última década en Bolivia. Más de diez años después de que debieran ejecutarse los proyectos observados, el país vuelve a escuchar nombres, montos millonarios y acusaciones de contratos lesivos al Estado. Pero la pregunta de fondo es inevitable: ¿por qué ahora?
Según la Fiscalía, más de 700.000 bolivianos habrían sido depositados en una cuenta personal de la exlegisladora para un proyecto productivo que debía beneficiar a ocho comunidades. El dinero era público, destinado al desarrollo indígena, pero terminó según la investigación en manos privadas. Frente a este dato, surgen dudas profundas: ¿Quién autorizó esos desembolsos? ¿Qué controles fallaron para que recursos estatales llegaran a cuentas personales sin que nadie lo impidiera? ¿Dónde estuvieron las entidades fiscalizadoras durante todos estos años?
El Fondo Indígena fue concebido como una herramienta para cerrar brechas históricas de exclusión. Sin embargo, su nombre quedó marcado por el desfalco, la mala gestión y la impunidad. Hoy, al reactivarse procesos contra figuras políticas conocidas, el caso despierta una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Estamos ante un verdadero impulso de justicia o frente a una reactivación selectiva de viejos expedientes según la coyuntura política? ¿Se investigará a todos los involucrados o solo a quienes hoy dejaron de ser funcionales al poder?
También corresponde preguntarse por las comunidades que debían beneficiarse de esos proyectos agrícolas. ¿Quién responde por los años de desarrollo perdidos? ¿Quién les devuelve la oportunidad que nunca llegó? ¿Puede una orden de aprehensión reparar el daño social causado por la corrupción?
El caso de Lidia Patty no es solo un proceso judicial más: es un reflejo de un sistema que permitió durante años que el dinero destinado a los sectores más vulnerables se diluya en trámites oscuros. Y, ante eso, la sociedad tiene derecho a exigir algo más que titulares impactantes: exige sentencias firmes, devoluciones efectivas de recursos y, sobre todo, verdad completa.
Porque si la justicia solo avanza cuando conviene políticamente, entonces no es justicia. Y si los responsables reales nunca enfrentan consecuencias, ¿qué mensaje se le está dando al país? ¿Que robar al Estado vale la pena mientras se tenga poder?
El Fondo Indígena fue creado para dignificar, no para enriquecer. Hoy, su herida sigue abierta. La pregunta es si esta vez, finalmente, se cerrará con justicia o quedará, una vez más, sepultada bajo el polvo de la impunidad.
