Por: Gabriela Mamani
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que el Estado ha dejado garantizado el presupuesto para la importación de combustibles hasta fin de año. Según sus declaraciones, más de Bs 9.000 millones ya fueron destinados a la subvención, un gasto que busca asegurar el suministro interno y evitar un impacto inflacionario. Sin embargo, la realidad en las calles contradice el discurso: los surtidores continúan con escasez de diésel y gasolina, y las colas se han vuelto parte del paisaje urbano.
Ante este escenario, surgen preguntas que no pueden ignorarse:
¿Puede Bolivia seguir destinando miles de millones a la subvención de combustibles cuando existen necesidades urgentes en salud, educación y seguridad alimentaria? ¿Qué pasará cuando el presupuesto “garantizado” se agote y el nuevo gobierno deba decidir entre mantener o reducir este gasto? ¿Por qué, si hay recursos asignados, los surtidores continúan desabastecidos?
El ministro advirtió que eliminar la subvención de forma abrupta podría generar un aumento de precios, pero también reconoció que se requiere “una secuencia ordenada” para corregir el sistema. ¿No sería entonces el momento de discutir una transición gradual y transparente, que prepare a la población y evite crisis mayores?
Mientras tanto, la subvención continúa drenando recursos públicos sin resolver los problemas estructurales del sector. ¿Estamos ante una política que protege al ciudadano o ante una bomba fiscal que amenaza con estallar en manos del próximo gobierno?
La respuesta, quizás, dependerá menos del presupuesto heredado y más del valor político de enfrentar una verdad incómoda: el país no puede seguir viviendo del subsidio eterno.
