Por Gabriela Mamani
El caso Botrading ha destapado un nuevo capítulo de presunta corrupción en el sector energético. Son 11 los denunciados, entre ellos ejecutivos de YPFB, directivos de Botrading S.A. e incluso el ministro de Hidrocarburos. Se habla de préstamos millonarios sin fecha de devolución, contratos con sobreprecios y un daño económico que golpea directamente al país.
Pero ante este panorama surgen preguntas inevitables: ¿cómo una empresa estatal puede prestar 80 millones de dólares a una firma creada con apenas 40.000 de capital? ¿Quién autorizó semejante operación? ¿Quién fiscalizó?
YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos buscan presentarse como víctimas. ¿Víctimas? ¿O instituciones que, por acción u omisión, permitieron que el dinero de los bolivianos se use en negocios oscuros?
El exgerente de YPFB Logística ya fue imputado. Sin embargo, ¿se quedará la justicia solo con él? ¿O avanzará hasta alcanzar a todos los involucrados, incluidos los que hoy siguen en funciones?
Lo cierto es que el caso Botrading no se reduce a nombres propios: desnuda un sistema que parece repetirse una y otra vez en nuestras empresas públicas. La gran pregunta es: ¿esta vez se hará justicia o asistiremos, una vez más, a la impunidad?
